www.meridianopolitico.com/
01/Febrero/2017
01/Febrero/2017
Artículo Único
Angel Mario Ksheratto
La transparencia opaca
“Avance
sobresaliente”, es el calificativo que el marco de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas da
a una ley que, por paradójico que resulte, está entre las más opacas en
materia de aplicación. Ello, evidentemente, resta confianza y
credibilidad al Instituto de Acceso a la Información Pública, cuya
titular ha sido severamente cuestionada desde que asumió el cargo, no
por agentes externos, sino por los mismos Comisionados, quienes una y
otra vez, han exigido alinear discursos con acciones.
Quizá haga falta
recordarle a doña Ana Elisa López Coello, los criterios fundamentales de
la institución que preside y, por supuesto, de la ley que la rige.
Talvez recordarle que “transparencia”, etimológicamente, significa ver
con claridad de un lado a otro, sin mácula ni restricción. Es decir, no
dejar nada en la oscuridad, salvo aquellas cuestiones que pudieran poner
en riesgo la seguridad de las personas en cuanto su privacidad.
La transparencia
es un derecho ciudadano y transparentar, una obligación institucional,
que se deriva de un mandato constitucional que el IAIP está ignorando
deliberadamente, lo cual es inadmisible, principalmente porque en México
y en Chiapas, hay un grueso de ciudadanos que exigen un coto definitivo
a la corrupción y la impunidad.
La disposición
legal de democratizar el uso de los recursos públicos, de informar a la
ciudadanía el destino de los impuestos, la rendición de cuentas en
general, no debe tener límites y tampoco puede estar al amparo de
caprichos personales que atenten contra el desarrollo de un país que se
debate en serios problemas de credibilidad.
La institución que
encabeza la señora López, es un instrumento público, no un aparato
gubernamental para esconder la basura que genera el mal proceder de
muchos funcionarios. Por ello, el alegato en su contra en virtud de sus
acciones poco transparentes dentro de la misma institución, es válido y
su vigencia, se basa en el legítimo deseo de los chiapanecos para tener
una fiscalización plena de los funcionarios.
Evitar que un
ciudadano grabe las sesiones del Consejo, atenta contra la ley misma
que, en el Artículo 2, párrafo III de la referida ley, promueve la
participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. No es delito
ni infringe norma alguna el ciudadano que desee dar a conocer a la
opinión pública, el desenvolvimiento de la institución y más, cuando,
como todo reglamento institucional de esa índole, especifica que las
sesiones deben ser públicas y accesibles.
Por otro lado está
la pública exigencia del comisionado Miguel González Alonso, en el
sentido de adoptar medidas de austeridad ante la crisis económica y
financiera que ahoga al estado. Es inadmisible que la institución que
debe poner el ejemplo en políticas para el ahorro, se niegue a reducir
los salarios como una forma de solidarizarse, no solo con el pueblo,
sino con el gobierno.
En ese mismo
tenor, González Alonso, en diversos textos publicados por distintas
vías, ha reclamado a la comisionada presidenta, el despido masivo de
trabajadores del IAIP, sin haber pasado la determinación por el pleno,
órgano que al parecer y debido a su permanente marginación, se ha
convertido en un ente autómata, sumiso e indiferente.
Parece
inimaginable que una institución dedicada a transparentar los usos y
costumbres de la política y administración pública local, esté bajo un
esquema de arbitrariedad y absolutismo. El término “colegiado” a que se
refiere la Ley de Transparencia, es, sencillamente, inexistente, lo cual
preocupa en extremo, toda vez que esa institución, por el momento, no
garantiza los parámetros de honradez que se requieren para el
fortalecimiento de una cultura política y administrativa sin corrupción.
Ante ello, la
urgencia es que, a la par de una investigación a fondo del actuar de la
señora comisionada presidenta, se proceda a una revisión cautelosa de
los “avances” (que dudo que los haya) en esa materia. Las denuncias y
acusaciones —serias y debidamente fundamentadas— en su contra, no pueden
ni deben quedar al aire. Permitir que desde esa institución se cometan
tropelías contra la transparencia misma, es admitir que en ese tema,
todo es simulación, engaño y mentiras. Y más, porque hasta hoy, doña Ana
Elisa se niega a pasar al pleno la petición de cancelar el pago del
servicio de telefonía a cargo del IAIP, la cancelación de vales de
gasolina, el no muso de vehículos oficiales para asuntos personales, el
ahorro interno, la cancelación de contratos de alimentación, cancelación
de plazas de choferes para los comisionados, cancelación del bono de
fin de año, supresión de viáticos y cambio de sede del IAIP, en virtud
de los onerosos cargos que significa el actual. ¿Transparencia?
¿¡Donde!?
Publicar un comentario